La Constitución Política de Costa Rica desde el año 1949 y hasta el año 1969 permitía por medio del artículo 132 inciso 1) la reelección presidencial del presidente y vicepresidente de la República. En el año 1969, mediante la ley número: 4349 del 11 de junio de 1969, se reforma el inciso 1) del artículo 132 constitucional mediante el cual se prohíbe la reelección del presidente y vicepresidente de la República de Costa Rica. En el año 2000, un ciudadano costarricense presenta un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia alegando, que en el procedimiento de reforma se violentó lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política. En esa oportunidad, la Sala Constitucional, por mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la Sala en ese entonces, rechazan de plano el recurso por considerar que no gozan de competencia para modificar un artículo de la Constitución y porque lo manifestado en la acción de inconstitucionalidad no era motivo suficiente para declarar inconstitucional el artículo 132 inciso 1) de la Constitución. Es el caso, que el 1° de julio del año 2002, el mismo ciudadano que presentó el recurso en el año 2000, vuelve a presentar el mismo recurso de inconstitucionalidad alegando los mismos motivos que el anterior recurso y ante otra conformación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la anulación del artículo 132 inciso 1) por errores de procedimiento en la aprobación de su modificación. La Sala Constitucional en esta oportunidad y por mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional mediante la sentencia No. 2771- 2003 declaran con lugar la acción de inconstitucionalidad y anulan el inciso 1) del artículo 132 constitucional adquiriendo vigencia de esta forma el artículo anterior a la reforma que permitía la reelección presidencial. De ahí la importancia del análisis acerca de la resolución dictada por la Sala Constitucional con el propósito de verificar si cumple con los elementos de legitimidad, validez y eficacia necesarios en todo acto, así como si hubo una extralimitación en su competencia y si el acto dictado es inconstitucional.