La investigación analizó la inadmisibilidad del amparo de garantías constitucionales en los órganos jurisdiccionales de la provincia de Chiriquí durante el año 2024, con el propósito de identificar las causas más frecuentes de rechazo y valorar el equilibrio existente entre el formalismo judicial y la función garantista del recurso. Se partió de un marco conceptual que abordó la naturaleza del amparo en Panamá, su finalidad protectora y los requisitos de admisión establecidos por la normativa vigente y la doctrina. Para el estudio se revisó un total de cien resoluciones judiciales y se elaboró una matriz de variables que permitió operacionalizar categorías como el tipo de derecho invocado, las causas de inadmisibilidad, la formulación jurídica de los escritos y los criterios formalistas o garantistas aplicados por los tribunales. Los resultados demostraron que el 59 % de las acciones fueron declaradas inadmisibles, siendo las principales razones la falta de desarrollo sobre cómo se vulneró la garantía alegada, el incumplimiento del principio de definitividad, la confusión entre asuntos de legalidad y constitucionalidad, y la extemporaneidad en la presentación del recurso. Predominó el uso del amparo en materias penales, donde se observó una mayor tasa de admisión, mientras que las ramas civil y administrativa mostraron un tratamiento más restrictivo. En cambio, la materia laboral presentó un índice de éxito relativamente alto, y la materia civil prácticamente nulo. Las garantías más invocadas fueron el debido proceso y la protección general de la persona. Se concluyó que las causas de inadmisibilidad responden tanto a deficiencias en la redacción de los escritos como a la persistencia de criterios excesivamente formalistas por parte de algunos tribunales, lo cual limita la función tutelar del amparo. En consecuencia, se recomienda fortalecer la capacitación de jueces y abogados en materia constitucional, unificar criterios jurisprudenciales, modernizar los sistemas de gestión judicial y promover una cultura jurídica orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales.