La presente investigación analiza los factores técnicos y jurídicos que limitan la inscripción de las sucesiones intestadas en el Registro Público, Sede Regional de Chiriquí, durante el bienio 2023-2024. El estudio aborda la fricción operativa existente entre la potestad jurisdiccional, regida por el Código Judicial, y la función calificadora registral, enmarcada en el Decreto Ejecutivo No. 106 de 1999. Através de un enfoque cualitativo y descriptivo, se examina cómo la ruptura de la Unidad del Título y la omisión de la Trilogía Procesal (Declaratoria, Inventario y Adjudicación) vulneran los principios de Especialidad y Tracto Sucesivo, generando una recurrencia en los reintegros documentales. Mediante la triangulación de fuentes y entrevistas a informantes clave, se determinó que el conflicto no reside en la norma sustantiva, sino en la desincronización técnica entre los mandatos judiciales y los requisitos de "biometría jurídica" exigidos por el sistema de Folio Real. El hallazgo principal identifica al registrador como un filtro de legalidad indispensable que garantiza la "historia clínica" de la finca, evitando que errores en las generales de ley o en la descripción física del inmueble afecten la fe pública. Se concluye con una propuesta de armonización de criterios y el uso de la Resolución DG-257-2023 como herramienta de subsanación administrativa. Este análisis prepara el terreno ante los desafíos que supondrá la futura implementación de la Ley 402 de 2023, cuya vigencia plena en el Tercer Distrito Judicial se produjo en octubre de 2025, buscando garantizar la seguridad jurídica y la paz social en la transmisión del patrimonio en la provincia de Chiriquí